Los incentivos del horror

El infierno es esperar sin esperanza.

André Giroux

El pasado jueves, en las páginas del diario El país, José Ramón Cossío publicó un análisis preciso del estado atroz en el que vivimos, de la realidad a la que más nos vale no acostumbrarnos. El firmante fundamenta su valoración en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, dados a conocer hace unas semanas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La fuente es confiable y quien atisba al país en tales datos no es cualquier persona: además de ser un respetado académico (profesor en el ITAM y miembro del Colegio Nacional), es uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de México y la cabeza del Poder Judicial. Por lo demás, no se requiere mucha interpretación para estar de acuerdo con Cossío Díaz: la situación que vive el país es “mala” y lejos de mostrar signos de mejoría se halla en “creciente deterioro”. Sin duda, las cifras de la ENVIPE 2014 abruman, abaten: “durante 2013, en el país se cometieron 33.1 millones de delitos, con 22.5 millones de víctimas, y una afectación al 33.9% de los hogares. Este último aspecto ha venido creciendo, desafortunada y consistentemente, al pasar del 30.4% al 32.4% y 33.9% en 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Lo mismo ha sucedido con el número de víctimas (24.3%, 27.3% y 28,2%) y el número de delitos (29.2%, 35.1% y 41.5%) a nivel nacional en cada uno de esos años”. Y si estos datos por sí mismos pintan ya un espanto, la llamada cifra negra revela una calamidad: el 93.8% de los delitos no fue denunciado o no significó el inicio de una averiguación previa… Dicho en corto y sin necesidad de acudir al microscopio para verle los dientes al tiranosaurio, en nuestro país la impunidad está prácticamente garantizada para cualquier delincuente. Y justo aquí está el incentivo del horror. “La economía del crimen en México”; el título que dio el ministro Cossío a su texto es certero. “Si con todos los problemas que se han identificado para el homo economicus, el delincuente entiende que la posibilidad de ser atrapado, investigado, procesado o sentenciado es baja, o que tiene altas probabilidades de burlar cualquiera de esas etapas procesales, entonces mantendrá altos incentivos para delinquir y seguir haciéndolo… Dadas estas condiciones, un individuo racional amoral encontrará absurdo no delinquir, pues el balance entre las potenciales ganancias y costos (sanciones) es positivamente alto”. 

Aquí, las puertas del infierno están abiertas, y no para condenar ahí a los malos, están abiertas para que los demonios circulen entre nosotros a su gusto.

El viernes en la tarde, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, ofreció una de las conferencias de prensa más esperadas en la historia reciente de México. Desde muy temprano, se dejó correr el trascendido de que en el transcurso del día habría noticias y que no serían nada buenas. No lo fueron. Lo peor no fue saber que la versión oficial es (y no es) que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados. No. Lo peor fue la ambigüedad que ofreció el Poder Ejecutivo y la incertidumbre en que nos dejo, así como la insolente ineficacia que evidenciaron las fuerzas del orden del gobierno. 

El procurador dijo que en la madrugada del 26 al 27 de septiembre los 43 muchachos fueron asesinados en Iguala y después quemados, calcinados en un basurero localizado en Cocula. Explicó que los cadáveres estuvieron ardiendo durante horas y horas, en un fuego avivado con llantas, diesel, gasolina, leña y plástico, hasta convertirse en cenizas. En conclusión, dijo que efectivamente, los 43 estudiantes fueron sacrificados por miembros de Guerreros Unidos y que luego los muertos se hicieron humo, desaparecieron. Ahora sí, desaparecidos, oficialmente… Porque justo ahí está el problema: no quedaron restos que permitan comprobar todo con certeza…, o quizá sí, pero en la Universidad de Innsbruck, en Austria, aunque será difícil, quién sabe… La ambigüedad que deparó confusión —“una situación o un estado de confusión puede definirse como una contraimagen de la comunicación” —Paul Watzlawick (¿Es real la realidad? Herder, 2003)—. El señor procurador declaró además que “10 mil elementos, entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos… han estado en la zona buscando la pista precisa para la ubicación de estos jóvenes”. Sin embargo, resulta que las conclusiones (que no son conclusiones, nada más avances) que presentó se basan en “los testimonios y las confesiones” de El Pato, El Jonas y El Chereje, un trío de maleantes. De cualquier forma, y considerando que el ex presidente municipal de Iguala no ha declarado ni media palabra, además de la ambigüedad, aviva la incertidumbre la pobre verosimilitud de la versión oficial de los hechos, especialmente en lo que corresponde al móvil de la barbarie… ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué con tanta saña? 

Lo ocurrido en Iguala nos iguala: toda la fuerza del gobierno concentrada en intentar resolver el asunto para hacer justicia y brindar certidumbre, y con todo el caso sigue abierto, esto es, no se ha podido cerrar. “La eventual identificación de los restos humanos” puede que nunca se concrete (o quizá sí) y aún no han sido apresados todos los involucrados. Quedan otras fosas, hasta ahora más de treinta muertos anónimos, y seguramente otras más, según la propia autoridad.

Sin certidumbre no puede haber justicia, y la impunidad incentiva el horror.